Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América

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Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América

Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América

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Primera página del Constitución original de los Estados Unidos de América, que incluye parte del Artículo Primero
Segunda página de la Constitución original de los Estados Unidos de América, que incluye el final del Artículo Primero

El Art√≠culo I de la Constituci√≥n de los Estados Unidos de Am√©rica (cuya fecha de aprobaci√≥n data de 1788) declara el establecimiento del poder legislativo del Gobierno Federal de los Estados Unidos, representado por el Congreso, que incluye una C√°mara de los Representantes y un Senado. El mismo art√≠culo establece el m√©todo de elecci√≥n y los requisitos de los miembros de cada c√°mara. Adem√°s, expone el procedimiento legislativo y enumera las atribuciones concedidas al poder legislativo. Por √ļltimo, establece l√≠mites a los poderes federales y a cada estado miembro.

Los tres primeros artículos de la Constitución tratan, respectivamente, cada uno de los tres poderes del Gobierno federal. El legislativo viene establecido en el primer artículo, el ejecutivo en el segundo y el judicial en el tercero.

El Artículo Primero es el más extenso de los siete artículos que conforman el texto constitucional original. A diferencia del resto del articulado, las enmiendas al Artículo Primero están restringidas de forma explícita por la Constitución. Por ejemplo, ninguna enmienda anterior a 1808 podía afectar a la primera o a la cuarta cláusula de la sección novena. La primera cláusula impedía que el Congreso prohibiera el comercio de esclavos hasta 1808; la cuarta impedía cualquier tipo de impuesto directo que no fuera repartido entre los diferentes Estados, de acuerdo a su población. Además, la Constitución excluye la posibilidad que el Congreso prive a un Estado de contar con una representación equitativa en el Senado, sin el consentimiento de dicho Estado.

Contenido

Primera Sección: El Congreso

Primera Sección: Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución se investirán en un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y de una Cámara de Representantes.[1]

Esta cláusula, conocida como la "cláusula de investidura", garantiza toda la autoridad del legislativo al Congreso. Muchos otros países funcionan mediante referenda popular, pero esta sección autoriza tan solo al Congreso y no al pueblo para elaborar los diferentes estatutos. En los Artículos 2 y 3 se encuentran también cláusulas de investidura, pero con respecto al poder ejecutivo y judicial. La Constitución establece de este modo el principio de separación de poderes, por el que ninguno de ellos puede ejercer competencias pertenecientes a otro (por ejemplo, el ejecutivo no está autorizado a promulgar leyes).

El principio de que el Congreso no puede delegar la autoridad del legislativo en los otros poderes del Gobierno (específicamente, el Ejecutivo) se conoce como la doctrina de la no delegación. La Corte Suprema (conocida también como Tribunal Supremo) ha establecido que el Congreso no tiene libertad para delegar poderes reguladores a los diferentes organismos gubernamentales, puesto que tiene por condición un "principio inteligible".[2]

Segunda Sección: La Cámara de Representantes

Sala de la C√°mara de Representantes, en el ala Sur del Capitolio.
N√≥tese que a partir de aqu√≠ el t√©rmino Representantes (en may√ļsculas) se usa para referirse exclusivamente a los miembros de la C√°mara de Representantes.

La Sección Segunda establece la Cámara de Representantes.

Esta C√°mara es a menudo denominada como la "c√°mara baja" del Congreso, a semejanza de la terminolog√≠a empleada al referirse a las dos C√°maras del Parlamento Brit√°nico, la C√°mara de los Lores (la "alta") y la C√°mara de los Comunes (la "baja"). Sin embargo, los poderes de la C√°mara de Representantes son equivalentes a lo que se denomina Senado en la mayor√≠a de otros pa√≠ses, como por ejemplo ocurre en el Senado de Espa√Īa.

La C√°mara de Representantes √ļnicamente tiene el poder de originar proyectos de ley, mientras que el Senado tiene competencias sobre la aprobaci√≥n de tratados internacionales y nombramientos hechos por parte del Presidente de los EE.UU.

Segunda Sección, Cláusula Primera: Período y Electores

La C√°mara de Representantes estar√° formada por miembros elegidos cada dos a√Īos por los ciudadanos de los diversos Estados, y los electores deber√°n poseer en cada Estado las condiciones requeridas para los electores de acuerdo al sector m√°s numeroso de la Asamblea legislativa local.[1]

La Segunda Secci√≥n contempla las elecciones a la C√°mara de los Representantes por parte del pueblo cada dos a√Īos. Cada vez que se produzca una vacante, el Gobernador del estado correspondiente debe iniciar el procedimiento para realizar una nueva elecci√≥n especial.

La Constituci√≥n no incluye requisitos para los votantes; se indica que aquellos con capacidad para votar en las elecciones a la mayor c√°mara de cada Estado pueden tambi√©n votar en las elecciones al Congreso. Las enmiendas a la Constituci√≥n, no obstante, han limitado la capacidad de los estados de fijar restricciones. La D√©cimoquinta, la D√©cimonovena y la Vig√©simocuarta Enmienda impiden que la raza, el sexo o el pago de un impuesto constituyan requisitos para votar, tanto en las elecciones de cada estado como en las federales. Adem√°s, la Vig√©simosexta Enmienda establece que los estados no pueden fijar requisitos de edad por encima de los dieciocho a√Īos.

Segunda Sección, Cláusula Segunda: Requisitos

No ser√° representante ninguna persona que no haya cumplido 25 a√Īos de edad y que no haya sido ciudadano de los Estados Unidos durante siete a√Īos, y que no sea habitante del Estado en el cual se le designe, en el momento de la elecci√≥n.[1]

El texto constitucional fija que para poder ser representante se deben tener al menos veinticinco a√Īos y ser residente del estado en el cual se presente para ser elegido, adem√°s de haber sido ciudadano de los Estados Unidos durante los siete a√Īos previos. No se exige ninguna condici√≥n de que el representante resida en el distrito del que dependa; en la pr√°ctica, esto suele ser as√≠, aunque ha habido algunas excepciones.

Segunda Sección, Cláusula Tercera: Prorrateo

Los representantes y los impuestos directos se prorratear√°n entre los distintos Estados que formen parte de esta Uni√≥n, de acuerdo con su poblaci√≥n respectiva, la cual se determinar√° sumando al n√ļmero total de personas libres, inclusive las obligadas a prestar servicios durante cierto t√©rmino de a√Īos y excluyendo a los indios no sujetos al pago de contribuciones, las tres quintas partes de todas las personas restantes. El recuento deber√° hacerse dentro de los tres a√Īos siguientes a la primera sesi√≥n del Congreso de los Estados Unidos, y en lo sucesivo cada 10 a√Īos, en la forma que dicho cuerpo disponga por medio de una ley. El n√ļmero de representantes no exceder√° de uno por cada treinta mil habitantes con tal de que cada Estado cuente al menos con un representante; y hasta que se efect√ļe dicho recuento, el Estado de Nueva Hampshire tendr√° derecho a elegir tres; Massachusetts, ocho; Rhode Island y las Plantaciones de Providence, uno; Connecticut, cinco; Nueva York, seis; Nueva Jersey, cuatro; Pennsylvania, ocho; Delaware, uno; Maryland, seis; Virginia, diez; Carolina del Norte, cinco; Carolina del Sur, cinco y Georgia, tres.[1]

El n√ļmero de Representantes para cada Estado depende del n√ļmero de su poblaci√≥n, pero cada Estado tiene derecho a tener como m√≠nimo un Representante.

El cómputo de la población de cada Estado originalmente incluía a todas las "personas libres", a tres quintas partes de "otras personas" (esclavos) y se excluía a los nativos americanos que no pagaran impuestos. Ante este tratamiento que se daba a los esclavos, se intentaron limitar las normas de los Estados en lo relativo a la propiedad que se ejercía sobre ellos, reduciendo su participación en la Cámara de Representantes. Esto se conoce como "El Compromiso de los Tres Quintos".

La Decimocuarta Enmienda cambió esta medida eliminando la cláusula de los tres quintos, habiendo sido abolida la esclavitud tras la Guerra de Secesión. En la actualidad no hay pueblos de nativos americanos que no paguen impuestos, así que todas aquellas personas que residen en un Estado, sean votantes o no, entran dentro del cómputo de la población.

La Constituci√≥n establece que se realice un Censo de poblaci√≥n cada diez a√Īos para determinar la poblaci√≥n de los Estados. El texto constitucional dicta que se reserve un n√ļmero de esca√Īos de forma temporal hasta que el censo pueda ser llevado a cabo.

Seg√ļn la Segunda Secci√≥n, la cantidad de impuestos directos que pueden ser recogidos en cada Estado estaba ligada directamente a su proporci√≥n de Representantes. Bas√°ndose en este requisito, el Impuesto sobre la Renta se consider√≥ inconstitucional en 1895, puesto que no era repartido entre los Estados. Desde la Corte Suprema, se rechaz√≥ proceder al contrario. Para permitir la recaudaci√≥n del Impuesto sobre la Renta, el Congreso propuso, siendo ratificada por los estados, la D√©cimosexta Enmienda, la cual eliminaba la necesidad de que este impuesto fuera repartido entre los Estados.

Segunda Sección, Cláusula Cuarta: Vacantes

Cuando se produzcan vacantes en la representación de cualquier Estado, la autoridad ejecutiva del mismo expedirá un decreto por el cual se convocarán elecciones con el objeto de cubrirlas.[1]

Esta cl√°usula establece que cuando se dejaran puestos vacantes en la C√°mara de Representantes, no es esta c√°mara la que tiene que ocuparse de ello, sino que debe ser el Senado el que se encargue de que se vuelvan a ocupar estos esca√Īos. Los requisitos y procedimientos originales de cada Estado para participar en dicha elecci√≥n son v√°lidos, lo que significa que cada Estado tendr√° un m√©todo particular para elegir a los sustitutos de los Representantes que dejen puestos vacantes.

Segunda Sección, Cláusula Quinta: Presidente, otros funcionarios y acusación formulada contra un alto cargo (impeachment)

La C√°mara de Representantes elegir√° a su presidente y dem√°s funcionarios y ser√° la √ļnica facultada para declarar que hay lugar para proceder en los casos de responsabilidades oficiales (impeachment).[1]

La Sección Segunda establece que la Cámara de Representantes elige a su Presidente y al resto del funcionariado. Aunque la Constitución no lo exige, todos los Presidentes han sido antes miembros de la Cámara de Representantes.

Finalmente, esta sección concede a la Cámara de Representantes el poder realizar el proceso de impeachment, o también denominado acusación formulada contra un alto cargo (aunque se utiliza el término anglosajón en la doctrina jurídica). Este procedimiento, por tanto, se lleva a cabo en esta cámara. El procedimiento de impeachment fue modelado de acuerdo al método de la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

Tan sólo en dos ocasiones a lo largo de la historia de este país se ha llevado a cabo este procedimiento contra un Presidente de los Estados Unidos; éste fue el caso de Bill Clinton (1998-1999) y Andrew Johnson (1868), siendo los dos absueltos. Richard Nixon interrumpió el proceso al dimitir de su cargo en 1974 tras la aprobación de su impeachment.[3]

Tercera Sección: El Senado

La Sala del Senado, en el ala Norte del Capitolio, en sesión en enero de 1874 (composición)

La Sección Tercera establece el Senado.

Como se ha indicado antes, al Senado se le denomina a menudo "c√°mara alta" del Congreso, aunque ambas c√°maras, el Senado y la C√°mara de Representantes, son pr√°cticamente iguales en cuanto a las competencias que les otorga la Constituci√≥n. Sin embargo, al haber menos Senadores que Representantes, y al ser m√°s longevo el cargo de Senador, normalmente √©stos suelen tener m√°s influencia. Pese a que se produzca el hecho de que los miembros del Senado se impongan ‚ÄĒsobre todo en la historia m√°s primigenia de la c√°mara‚Äď y se suponga que su c√°mara es superior, la verdad es que no tiene ning√ļn fundamento expl√≠cito basado en la Constituci√≥n.

Por ejemplo, despu√©s de reunirse en 1789, el Senado intent√≥, aunque de forma insatisfactoria, establecer un mecanismo para la comunicaci√≥n entre las dos c√°maras legislativas, lo que indicar√≠a una supuesta superioridad del Senado. √Čste aspiraba a enviar sus mensajes a la otra c√°mara a trav√©s de un mero secretario, pretendiendo que la otra c√°mara comunicara sus mensajes mediante dos Representantes, los cuales tendr√≠an que "rendir homenaje" (haciendo una reverencia) al entrar y al salir de la Sala del Senado. Naturalmente, la C√°mara de Representantes no acept√≥ esta propuesta.

Tercera Sección, Cláusula Primera: Composición y elección

El Senado de los EE.UU. se compondr√° de dos Senadores por cada Estado, elegidos por seis a√Īos por la Asamblea legislativa del mismo, y cada Senador representar√° un voto.[1]

Esta secci√≥n estipula que cada Estado tiene derecho a dos Senadores elegidos por un periodo de seis a√Īos.

Las Asambleas legislativas de cada Estado en un principio elegían a los miembros del Senado; éstas podían autorizar al Gobernador para llevar a cabo nombramientos temporales con tal de cubrir los puestos vacantes si se presentara el caso, mientras se estuviera en periodo de vacaciones. La Decimoséptima Enmienda, sin embargo, contempla la elección directa de Senadores por los votantes de cada Estado. Esto fue considerado un paso hacia una sociedad más democrática, pero quebró el equilibrio político de poder, al privar a los Estados de una representación directa frente al Gobierno Federal. Gracias a esta enmienda, los Estados pueden autorizar a sus Gobernadores para llevar a cabo nombramientos de Senadores y así cubrir puestos vacantes, pero sólo hasta que unas elecciones especiales elijan a un sustituto de forma permanente.

Tercera Sección, Cláusula Segunda: Clases de senadores y vacantes

Sello del Senado.
Nada m√°s se re√ļnan en virtud de la elecci√≥n inicial, se dividir√°n en tres grupos de forma tan equitativa como sea posible. Las actas de los senadores del primer grupo quedar√°n vacantes al terminar el segundo a√Īo; las del segundo grupo, al expirar el cuarto a√Īo; y las del tercer grupo, al concluir el sexto a√Īo; de tal manera que sea factible elegir una tercera parte cada dos a√Īos, y si se producen vacantes, por renuncia u otra causa, durante el receso de la legislatura de alg√ļn Estado, el Ejecutivo de √©ste podr√° hacer designaciones provisionales hasta el siguiente per√≠odo de sesiones de la Asamblea legislativa, la cual proceder√° a cubrir dichas vacantes.[1]

Con esta cláusula se asegura que nunca haya un periodo de tiempo por el que el Senado no se pueda reunir, permitiéndose la alteración gradual del Senado, siguiendo las líneas políticas que determine la Cámara de Representantes.

Seg√ļn lo establecido originariamente, los Senadores son elegidos por la Asamblea legislativa del Estado que representen en el Senado. Si un Senador muriera, o fuera expulsado, la Asamblea legislativa del Estado nombrar√≠a a un sustituto para servir durante el resto del periodo. Si la Asamblea legislativa no estuviera reunida, el Gobernador podr√≠a nombrar a un sustituto para cubrir el esca√Īo vacante hasta que dicha Asamblea pudiese elegir un sustituto de forma permanente.

Sin embargo, todo esto fue modificado por las cláusulas segunda y tercera de la Decimoséptima Enmienda:

Decimoséptima Enmienda, Cláusula Segunda: Cuando se produzcan vacantes en la representación de cualquier Estado en el Senado, la autoridad ejecutiva de aquel expedirá un decreto por el que convocará a elecciones con el objeto de cubrir dichas vacantes, en el supuesto de que la Asamblea legislativa de cualquier Estado pueda autorizar a su Ejecutivo a hacer un nombramiento provisional hasta que las vacantes se cubran mediante elecciones populares en la forma que disponga la Asamblea legislativa.[4]
Decimoséptima Enmienda, Cláusula Tercera: No deberá entenderse que esta enmienda influye sobre la elección o período de cualquier senador elegido antes de que adquiera validez como parte integrante de la Constitución.[4]

Estos cambios llevaron a cambiar el procedimiento de la Elecci√≥n Popular de Senadores, extendi√©ndoselo a la Asamblea Legislativa de los Estados, tanto si las vacantes son ocupadas gracias a las elecciones como si no. A menudo, cuando un Senador muere ejerciendo su cargo y est√° casado, el c√≥nyuge del difunto es nombrado para ocupar su puesto durante el resto del periodo. Esto sit√ļa al c√≥nyuge por delante en el orden a ocupar el cargo para conseguir el esca√Īo en las pr√≥ximas elecciones al Senado, en cualesquiera elecciones primarias o reuniones del partido.

Tercera Sección, Cláusula Tercera: Requisitos

No ser√° senador ninguna persona que no haya cumplido 30 a√Īos de edad y que no haya sido ciudadano de los Estados Unidos durante nueve a√Īos y que, en el momento de la elecci√≥n, no sea habitante del Estado por parte del cual fue designado.[1]

Lo expuesto en esta cl√°usula significa que un Senador no necesita ser estadounidense de origen, aunque habitualmente ocurre que s√≠ lo es. El Presidente y el Vicepresidente del pa√≠s necesariamente requieren serlo. Sin embargo, un senador debe tener al menos treinta a√Īos de edad, haber sido ciudadano de los Estados Unidos durante al menos los nueve a√Īos previos a las elecciones, y tiene adem√°s que residir en el Estado al cual se presente como candidato.

Tercera Sección, Cláusula Cuarta: El Vicepresidente

El Vicepresidente de los EE.UU. ser√° presidente del Senado, pero no tendr√° voto excepto en caso de empate.[1]

Aquí se establece que el Vicepresidente de los Estados Unidos es un funcionario que sirve como Presidente del Senado. El Vicepresidente no tiene voto excepto si el Senado se encuentra totalmente empatado.

Tercera Sección, Cláusula Quinta: Presidente pro tempore y otros funcionarios del Senado

El Senado elegir√° a sus dem√°s Funcionarios, as√≠ como a un Presidente pro tempore, en ausencia del Vicepresidente o cuando √©ste se halle desempe√Īando el cargo de la Presidencia de los Estados Unidos.[1]

El Senado tiene la posibilidad de elegir a un Presidente pro tempore en caso de ausencia del Vicepresidente. Es el segundo cargo más importante del Senado, después del de Vicepresidente o Presidente ex officio, así como el cargo más alto como senador. El Presidente pro tempore es, por convención, un Senador, aunque en el texto constitucional no se encuentra este requisito.

Dentro de la expresión de "Funcionarios", se incluye a los presidentes, a miembros de menor grado de los comités, al líder de la mayoría, al líder de la minoría (líder de la oposición), al líder del grupo minoritario, al diputado mayoritario y al diputado minoritario.

Tercera Sección, Cláusula Sexta: Procesos de Acusación formulada contra un alto cargo (impeachment)

El Senado poseer√° el derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones formuladas contra un alto cargo (impeachment). Cuando se re√ļna con este objeto, sus miembros deber√°n prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al Presidente de los EE.UU. deber√° presidir el acto el Presidente de la Corte Suprema. Y a ninguna persona se le condenar√° si no se alcanza un voto de dos tercios de los miembros presentes.[1]

En esta cláusula se concreta lo que se había avanzado en la Cláusula Quinta de la Segunda Sección, y es que se le garantiza al Senado el poder proceder a realizar impeachments (o acusaciones formuladas contra un alto cargo) al igual que la Cámara de los Lores en Reino Unido. Los Senadores deben hacer juramento, a diferencia de los Lores.

El Presidente[5] de la Corte Suprema presidirá el acto cuando se juzgue al Presidente de los Estados Unidos de América, puesto que el Vicepresidente tendría un conflicto de intereses. Se requiere una mayoría absoluta de dos tercios para declararlo culpable.

Tercera Sección, Cláusula Séptima: Sentencias tras las Acusaciones formuladas contra altos cargos (impeachment)

En los casos de acusaciones formuladas contra un alto cargo (impeachment), el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución del mismo de su cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado, de los Estados Unidos; el individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a las leyes.[1]

Si un funcionario del ejecutivo es declarado culpable tras el procedimiento de impeachment, él o ella es inmediatamente destituido de su cargo, pero el Senado puede decidir no destituir a un funcionario judicial.

El Senado decidió, ante el proceso de impeachment contra el Senador William Blount, que los miembros del Congreso pueden no ser procesados por impeachment. Sin embargo, el Senado desautorizó al acusado para acceder a cualquier otro puesto del funcionariado en el futuro.

No se aplica ning√ļn otro castigo, pero el partido que haya sido acusado queda sujeto al proceso y castigo correspondiente por parte del Poder Judicial.

Cuarta Sección: Elecciones y Reuniones

El pleno del Congreso reunido en el Capitolio en enero de 2003.

La Sección Cuarta estipula el nombramiento de los miembros del Congreso, así como sus reuniones:

Los lugares, épocas y modo de celebrar las elecciones para Senadores y Representantes se prescribirán en cada Estado por la Asamblea legislativa respectiva, pero el Congreso podrá formular o alterar las reglas de referencia en cualquier momento por medio de una ley, a excepción de lo tocante a los lugares de elección de los Senadores.
El Congreso se reunir√° una vez al a√Īo, y esta reuni√≥n ser√° el primer lunes de diciembre, a no ser que por ley se fije otro d√≠a.[1]

Mientras que los Estados pueden regular los "los lugares, épocas y modo" de celebrar las elecciones al Congreso, éste puede elaborar o enmendar regulaciones, a excepción de aquellas referentes a la elección de Senadores (puesto que originariamente los eligen las Asambleas legislativas de cada Estado).

El Congreso est√° autorizado a establecer una sola fecha, uniforme, para las elecciones al mismo. El Congreso se√Īal√≥ el primer martes de cada noviembre, recalc√°ndose el hecho de que fuera posterior al d√≠a 1 de dicho mes. Esta fraseolog√≠a fue adoptada para imposibilitar que el 1 de noviembre, d√≠a de fiesta cat√≥lico de Todos los Santos, coincidiera con la fecha de las elecciones.

Adem√°s, la Secci√≥n Cuarta establece que el Congreso debe reunirse por lo menos una vez al a√Īo. La reuni√≥n ser√≠a el primer lunes de diciembre, a menos que se dijera lo contrario por ley. Las elecciones ser√≠an celebradas en noviembre, y los Representantes y los Senadores jurar√≠an su cargo en marzo. El periodo entre estos meses, por consiguiente, no se ocupar√≠a por el nuevo Congreso elegido; de hecho, se le denomin√≥ el Congreso del "pato cojo". Aunque la Constituci√≥n concede al Congreso autoridad para reunirse en d√≠as diferentes sin la necesidad de pasar por una enmienda, no obstante fueron establecidos unos periodos mediante la Vig√©sima Enmienda. Esta misma enmienda tambi√©n estableci√≥ que se requiriese la presencia de los Representantes y Senadores recientemente elegidos para reunirse y tomar sus cargos el 3 de enero del a√Īo que sigue a las elecciones (de nuevo, el Congreso puede cambiar la fecha de reunirse por ley).

Quinta Sección: Procedimiento

Cada Cámara puede juzgar las elecciones y requisitos de sus propios miembros. Por quórum,[6] abrir un registro de votaciones y llevar a cabo la suspensión; estos casos también están contemplados en la Sección Quinta:

Cada C√°mara calificar√° las elecciones, los informes sobre escrutinios y la capacidad legal de sus respectivos miembros, y una mayor√≠a de cada una constituir√° el qu√≥rum necesario para deliberar; pero un n√ļmero menor puede suspender las sesiones de un d√≠a para otro y estar√° autorizado para compeler a los miembros ausentes a que asistan, del modo y bajo las penas que determine cada C√°mara.
Cada C√°mara puede elaborar su propio reglamento interno, castigar a sus miembros ante conductas indebidas y expulsarlos de su seno con el asentimiento de las dos terceras partes.
Cada Cámara llevará un diario de sus sesiones y lo publicará de tiempo en tiempo a excepción de aquellas partes que a su juicio exijan reserva; y los votos afirmativos y negativos de sus miembros con respecto a cualquier cuestión se harán constar en el diario, a petición de la quinta parte de los presentes.
Durante el per√≠odo de sesiones del Congreso ninguna de las dos c√°maras puede suspenderlas por m√°s de tres d√≠as ni acordar que se celebren en un lugar distinto de aquel en que se re√ļnen ambas C√°maras sin el consentimiento de la otra.[1]

Requisitos de los miembros: En ocasiones, se ha admitido a individuos no cualificados en el Congreso. Por ejemplo, el Senado admiti√≥ una vez a un miembro de 28 a√Īos, John Henry Eaton,[7] en 1818 (aunque realmente la admisi√≥n fue fruto de un descuido, pues la fecha de nacimiento de Eaton resultaba confusa). En 1934, Rush Holt,[8] de 29 a√Īos, fue elegido para formar parte del Senado; √©ste acept√≥ esperar durante un tiempo de seis meses, hasta su trig√©simo cumplea√Īos, para llevar a cabo el juramento. El Senado estableci√≥ en ese caso que el requisito de la edad se aplicar√≠a en el momento de producirse el juramento, no en la fecha de la elecci√≥n.

Qu√≥rum[6] : La Secci√≥n Quinta expone que una mayor√≠a de cada c√°mara constituya qu√≥rum para tratar los asuntos que corresponda; un n√ļmero menor puede suspender la c√°mara u obligar a asistir a miembros ausentes.

En la práctica, el requisito del quórum se da por sentado. Esto es así a menos que una llamada del quórum, pedida inicialmente por uno de los miembros, lo pruebe de otra manera. Sin embargo, esto no suele suceder, aunque se utiliza la llamada del quórum como táctica para producir retrasos.

Reglas: Cada c√°mara determina sus propias reglas, y castiga a cualesquiera de sus miembros. Una mayor√≠a de dos tercios es necesaria para expulsar a un miembro. Cada c√°mara debe custodiar y publicar un Diario, aunque a cualquier parte del Diario se le puede aplicar la condici√≥n de reservada. Las decisiones de la C√°mara ‚ÄĒno lo que se discuta en las sesiones‚Äď se registran en el Diario; si un quinto de los presentes (si se asume que hay qu√≥rum) lo solicita, los votos de los miembros en una pregunta particular deben tambi√©n ser incorporados a dicho Diario.

Suspensión: Ninguna de las dos cámaras puede ser suspendida, sin el consentimiento de la otra, durante un tiempo de más de tres días. A menudo, una cámara lleva a cabo sesiones pro forma cada tres días; tales sesiones se llevan a cabo simplemente para satisfacer el requisito constitucional, y no para gestionar los asuntos correspondientes. Además, ninguna de las dos cámaras puede reunirse en otro lugar que no sea el designado por ambas (el Capitolio, en Washington DC), sin el consentimiento de la otra cámara.

Sexta Sección: Compensación, privilegios, restricción de la participación civil

Sexta Secci√≥n: Los Senadores y Representantes recibir√°n una remuneraci√≥n por sus servicios que ser√° fijada por la ley y pagada por el Tesoro de los EE.UU. En todos los casos, exceptuando los de traici√≥n, delito grave y perturbaci√≥n del orden publico, gozar√°n del privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas C√°maras, as√≠ como al ir a ellas o regresar de las mismas, y no podr√°n ser objeto en ning√ļn otro sitio de inquisici√≥n alguna con motivo de cualquier discusi√≥n o debate en una de las C√°maras.
A ning√ļn Senador ni Representante se le nombrar√°, durante el tiempo por el cual haya sido elegido, para ocupar cualquier empleo civil que dependa de los Estados Unidos, que haya sido creado o cuyos emolumentos hayan sido aumentados durante dicho tiempo, y ninguna persona que ocupe un cargo de los Estados Unidos podr√° formar parte de las C√°maras mientras contin√ļe en funciones.[1]

Los Senadores y los Representantes fijan su propia remuneraci√≥n. Con la Vig√©simo S√©ptima Enmienda, se fij√≥ que ning√ļn cambio en su remuneraci√≥n toma efecto hasta despu√©s de las siguientes elecciones al Congreso.

Los miembros de ambas c√°maras tienen ciertos privilegios, basados en los que gozan los miembros del Parlamento Brit√°nico (v√©ase Fuero parlamentario). Los miembros, tanto los que vayan a pertenecer como los que hayan pertenecido a cualquier c√°mara, est√°n exentos de detenci√≥n, a excepci√≥n del delito de traici√≥n, del delito de crimen o del delito de perturbaci√≥n del orden p√ļblico. Sus discursos no se pueden criticar, debatir o cuestionar en cualquier lugar que no sea el Congreso; tampoco se puede demandar a un Senador o a un Representante por calumnias que ocurran durante el debate en el Congreso.

Los Senadores y los Representantes no pueden dimitir de su cargo para ocupar otros puestos políticos que comporten mayores sueldos; deben esperar hasta la conclusión del periodo para el cual fueron elegidos. Si el Congreso aumenta el sueldo de un funcionario en particular, puede reducir más adelante dicho sueldo para permitir que un individuo dimita de su puesto en el Congreso y tome esa posición, ya que que como se ha indicado, el sueldo no puede ser en cualquier caso mayor.

Edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, en Washington, DC

Los efectos de esta cl√°usula fueron discutidos en 1937, cuando el senador Hugo Black fue nombrado miembro de la Corte Suprema, lo que conllev√≥ que abandonara parte de su periodo como senador. Antes de su nuevo nombramiento, el Congreso hab√≠a aumentado la pensi√≥n disponible a los magistrados que se retiraran a la edad de setenta a√Īos. Por lo tanto, se coment√≥ el hecho de que el emolumento del funcionariado hubiera sido aumentado durante el periodo senatorial de Black, y que por lo tanto Black no podr√≠a tomar el puesto de magistrado de la Corte. La respuesta, sin embargo, fue que Black, al tener 51 a√Īos, no recibir√≠a la pensi√≥n incrementada hasta por lo menos diecinueve a√Īos m√°s tarde, y por lo tanto, despu√©s de que hubiera expirado su periodo en el Senado.

El 20 de mayo de 2006, como parte de una investigación que se estaba desarrollando en torno a un caso de soborno, el despacho del congresista William J. Jefferson fue registrado por la Oficina Federal de Investigación, el FBI, principal brazo de investigación del Departamento de Justicia, lo que fue considerado como la primera incursión del FBI en un despacho del Congreso,[9] lo que causó gran preocupación puesto que podría fijar un precedente peligroso que se podría utilizar por las administraciones futuras para intimidar o para acosar a uno de los supuestamente equilibrados poderes del gobierno.[10]

Séptima Sección: Proyectos de Ley

La Sección Séptima establece el método para elaborar los decretos del Congreso:

Todo proyecto de ley que tenga por objeto la obtención de ingresos deberá proceder primeramente de la Cámara de Representantes; pero el Senado podrá proponer reformas o convenir en ellas de la misma manera que tratándose de otros proyectos.
Todo proyecto aprobado por la C√°mara de Representantes y el Senado se presentar√° al Presidente de los Estados Unidos antes de que se convierta en ley; si lo aprobare lo firmar√°; en caso contrario lo devolver√°, junto con sus objeciones, a la C√°mara de su origen, la que insertar√° √≠ntegras las objeciones en su diario y proceder√° a reconsiderarlo. Si despu√©s de dicho nuevo examen las dos terceras partes de esa C√°mara se pusieren de acuerdo en aprobar el proyecto, se remitir√°, acompa√Īado de las objeciones, a la otra C√°mara, en la cual tambi√©n ser√° estudiado nuevamente y, si lo aprobaren los dos tercios de dicha C√°mara, se convertir√° en ley. Pero en todos estos casos de que se habla, la votaci√≥n de ambas C√°maras ser√° nominal y los nombres de las personas que voten en pro o en contra del proyecto se inscribir√°n en el diario de la C√°mara que corresponda. Si alg√ļn proyecto no fuera devuelto por el Presidente dentro de un plazo de 10 d√≠as (descontando los domingos) despu√©s de haberle sido presentado, se convertir√° en ley, de la misma manera que si lo hubiera firmado, a menos de que al suspender el Congreso sus sesiones, impidiera su devoluci√≥n, en cuyo caso no ser√° ley.
Toda orden, resolución o votación para la cual sea necesaria la concurrencia del Senado y la Cámara de Representantes (salvo en materia de suspensión de las sesiones), se presentará al Presidente de los Estados Unidos y no tendrá efecto antes de ser aprobada por él o de ser aprobada nuevamente por dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, en el caso de que la rechazare, de conformidad con las reglas y limitaciones prescritas en el caso de un proyecto de ley.[1]

Un proyecto de ley puede originarse en cualquiera de las dos cámaras del Congreso, salvo los proyectos de ley de obtención de ingresos, que conforme a la Constitución pueden originarse solamente en la Cámara de Representantes. La Cámara ha reclamado que de la misma forma ésta pueda por sí sola originar proyectos de ley de asignación, pero el Senado se opone a esta demanda. Siempre que el Senado envíe un proyecto de ley de asignación a la Cámara, ésta simplemente la devuelve al Senado, resolviéndose así la pregunta en la praxis. Cualquier cámara puede enmendar cualquier proyecto de ley, incluyendo aquellos de ingresos y de apropiación.

Antes de que una proyecto de ley pase a tener rango de ley, debe ser presentado al Presidente de los Estados Unidos, que tiene un plazo de diez d√≠as h√°biles (excluy√©ndose del c√≥mputo los domingos) para actuar sobre ella. Si el Presidente firma el proyecto de ley, se convierte en ley. Si lo desaprueba, √©ste se devuelve a la c√°mara en la cual se origin√≥, junto con sus objeciones. Este procedimiento se conoce como veto (de tipo devolutivo), aunque este t√©rmino no aparece en el texto del Art√≠culo Primero. El proyecto de ley entonces no se convierte en ley a menos que ambas c√°maras, por una mayor√≠a de dos tercios, eliminen el veto. Si el Presidente ni firma ni devuelve el proyecto de ley dentro del l√≠mite de diez d√≠as, el proyecto se convierte en ley autom√°ticamente, a menos que el Congreso lo haya aplazado durante ese tiempo, evitando as√≠ que el Presidente devuelva el proyecto de ley a la C√°mara en la cual se origin√≥. En el √ļltimo caso, el Presidente, no tomando ninguna acci√≥n sobre el proyecto de ley hacia el final de una sesi√≥n, ejercita un "veto de bolsillo", que el Congreso puede no eliminar. El "veto de bolsillo" consiste en que si el Congreso da por concluido el periodo de sesiones antes de que expiren los diez d√≠as en que el ejecutivo recibi√≥ la iniciativa, √©sta, por no haber sido sancionada, no adquiere car√°cter de ley.

Qué constituye exactamente un aplazamiento o suspensión para los propósitos del "veto de bolsillo" es confuso. En el "Caso del Veto de Bolsillo" (The Pocket Veto Case[11] ) de 1929, la Corte Suprema sostuvo que la pregunta determinativa en referencia a una "suspensión" no es si es una suspensión final del Congreso o una suspensión provisional, tal como una suspensión de la primera sesión, pero sí es una que "evita" que el Presidente devuelva el proyecto de ley a la cámara en la cual se originó dentro del tiempo dado de plazo. Puesto que ninguna de las dos cámaras del Congreso estaba en la sesión, el Presidente no podía devolver el proyecto de ley a una de ellas, permitiendo así el uso del "veto de bolsillo". En el caso Wright contra los Estados Unidos[12] (1938), sin embargo, el Tribunal estableció que las suspensiones de una cámara no constituyeron solamente una suspensión del Congreso requerido para un "veto de bolsillo". En tales casos, la secretaria o secretario de la cámara en cuestión sería declarado competente para recibir el proyecto de ley.

En 1996, el Congreso aprobó un decreto (el Line Item Veto Act[13] ) que permitía al Presidente, a la hora de la firma del proyecto de ley, a rescindir ciertos gastos. El Congreso podía desaprobar la cancelación y restituir los fondos. El Presidente podía vetar la desaprobación, pero el Congreso, por una mayoría de dos tercios en cada cámara, podía eliminar el veto. La Corte Suprema declaró el decreto inconstitucional porque violaba una cláusula del caso Clinton contra la ciudad de Nueva York.[14] Primero, el procedimiento delegó poderes legislativos al Presidente, violando de tal modo la doctrina de la no delegación (que aparecía en la Primera Sección de este mismo Artículo primero). En segundo lugar, el procedimiento violó los términos de la Séptima Sección, que indican que si lo aprueba [el proyecto de ley] debe firmarlo, pero si no, debe devolverlo. Había solamente dos opciones posibles, de acuerdo a la cláusula, para el Presidente: éste no está autorizado a enmendar el proyecto de ley y después firmarlo.

Cada proyecto de ley, orden, resoluci√≥n, o voto que deba pasar por ambas c√°maras, excepto por suspensi√≥n de las sesiones, se deben presentar al Presidente antes de que alcance rango de ley. Sin embargo, para proponer una enmienda constitucional, dos tercios de ambas C√°maras pueden someterla para que sea ratificada, sin ninguna consideraci√≥n por parte del Presidente, seg√ļn lo prescrito en el Art√≠culo Quinto.

El procedimiento para la elaboración de leyes se basa en el establecido en el Parlamento Británico, donde el consentimiento de la Cámara de los Comunes, de la Cámara de los Lores y del Soberano era requerido originariamente para la promulgación de cualquier legislación; no había posibilidad por la cual la denegación por parte del Soberano para garantizar la aprobación regia pudiera ser superada. El poder de retener la aprobación no se ha utilizado en el Reino Unido desde 1707, pero el poder del veto ha sido utilizado con frecuencia por los Presidentes estadounidenses. El Primer Presidente de los Estados Unidos, George Washington, utilizó el veto regular; James Madison fue el primero que utilizó el veto de bolsillo.

Algunos Presidentes han hecho un uso muy frecuente del veto, mientras que otros no lo han utilizado. Grover Cleveland, por ejemplo, vetó unos cuatrocientos proyectos de ley durante su primer periodo en el cargo;[15] el Congreso eliminó solamente dos de esos vetos. Aunque Franklin D. Roosevelt es el Presidente que más vetos ha realizado,[15] estando en el cargo durante tres legislaturas. Por otra parte, siete Presidentes nunca han utilizado el poder del veto. En total, ha habido 1484 vetos regulares, de los cuales se han eliminado 106 (cerca del siete por ciento). También ha habido 1066 vetos de bolsillo, habiendo un total de 2550 vetos.[16]

Octava Sección: Poderes del Congreso

El Capitolio, en Washington DC, sede del Congreso

Los poderes del Congreso son enumerados en la Sección Octava:

El Congreso tendr√° facultad:
  • Para establecer y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y consumos; para pagar las deudas y proveer a la defensa com√ļn y bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los derechos, impuestos y consumos ser√°n uniformes en todos los Estados Unidos.
  • Para contraer empr√©stitos a cargo de cr√©ditos de los Estados Unidos.
  • Para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con las tribus indias.
  • Para establecer un r√©gimen uniforme de naturalizaci√≥n y leyes uniformes en materia de quiebra en todos los Estados Unidos.
  • Para acu√Īar monedas y determinar su valor, as√≠ como el de la moneda extranjera. Fijar los patrones de las pesas y medidas.
  • Para proveer lo necesario al castigo de quienes falsifiquen los t√≠tulos y la moneda corriente de los Estados Unidos.
  • Para establecer oficinas de correos y v√≠as de comunicaci√≥n para correos.
  • Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes √ļtiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.
  • Para crear tribunales inferiores a la Corte Suprema.
  • Para definir y castigar la pirater√≠a y otros delitos graves cometidos en alta mar y violaciones al derecho internacional.
  • Para declarar la guerra, otorgar patentes de corso y represalias y para dictar reglas con relaci√≥n a las presas de mar y tierra.
  • Para reclutar y sostener ej√©rcitos, pero ninguna autorizaci√≥n presupuestaria de fondos que tengan ese destino ser√° por un plazo superior a dos a√Īos.
  • Para habilitar y mantener una armada.
  • Para dictar reglas para el gobierno y ordenanza de las fuerzas navales y terrestres.
  • Para disponer cuando debe convocarse a la milicia nacional[17] con el fin de hacer cumplir las leyes de la Uni√≥n, sofocar las insurrecciones y rechazar las invasiones.
  • Para proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar a la milicia nacional y para gobernar aquella parte de esta que se utilice en servicio de los Estados Unidos; reserv√°ndose a los Estados correspondientes el nombramiento de los oficiales y la facultad de instruir conforme a la disciplina prescrita por el Congreso.
  • Para legislar en forma exclusiva en todo lo referente al Distrito (que no podr√° ser mayor que un cuadrado de 10 millas por lado) que se convierta en sede del gobierno de los Estados Unidos, como consecuencia de la cesi√≥n de algunos Estados en que se encuentren situados, para la construcci√≥n de fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otros edificios necesarios.
  • Para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los poderes anteriores y todos los dem√°s que esta Constituci√≥n confiere al gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios.[1]

Muchos poderes del Congreso han sido ampliamente interpretados. Los m√°s importantes, como la Seguridad Social (o Estado de Bienestar), el Comercio Interestatal, y las Cl√°usulas Necesarias y Justas,[18] se han utilizado para otorgar poderes expansivos al Congreso.

El Congreso puede establecer y recaudar impuestos para la "defensa com√ļn" o la "seguridad social" de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos no ha definido la "seguridad social", dejando esta pregunta de tipo pol√≠tico al Congreso. En el caso Estados Unidos contra Butler[19] de 1936, el Tribunal interpret√≥ por primera vez la cl√°usula. El conflicto se centr√≥ en un impuesto recaudado de los procesadores de productos agr√≠colas tales como carne; los fondos recaudados por el impuesto no eran entregados a los fondos generales de Hacienda, sino que fueron destinados de forma particular a granjeros. El Tribunal declar√≥ ilegal el impuesto, dictando que de acuerdo a la cl√°usula general de la seguridad social, √©sta se relaciona solamente con las materias a nivel nacional, distingui√©ndose de lo local. El Congreso contin√ļa haciendo un uso expansivo de la cl√°usula general de la seguridad social; por ejemplo, el programa de la Seguridad Social se autoriza siguiendo esta cl√°usula.

El Congreso est√° autorizado para solicitar fondos del cr√©dito de los Estados Unidos. En 1871, en el caso Knox contra Lee,[20] el Tribunal dict√≥ que esta cl√°usula permit√≠a al Congreso emitir cuentas de gastos y subsanarlas emitiendo moneda de curso legal, con tal de satisfacer las deudas. Siempre que el Congreso solicite fondos econ√≥micos, se obliga a compensar la suma seg√ļn lo estipulado en el acuerdo original. En el caso Perry contra los Estados Unidos[21] (1935), el Tribunal invalid√≥ una ley que intentaba rescindir una cl√°usula por la cual los acreedores pudieran exigir el pago en moneda de oro.

Cl√°usula de Comercio

La Corte Suprema de los Estados Unidos raramente ha impedido el uso de la Cl√°usula de Comercio para variar determinadas intenciones. La primera decisi√≥n importante relativa a la cl√°usula de comercio fue en el caso Gibbons contra Ogden,[22] que se decidi√≥ de forma un√°nime en el Tribunal en 1824. El caso implicaba tanto leyes federales como estatales; Thomas Gibbons ten√≠a un permiso federal de circulaci√≥n de vapor en el r√≠o Hudson, mientras que el otro, Aaron Ogden, ten√≠a un monopolio para hacer lo mismo pero concedido por el Estado de Nueva York. Ogden afirmaba que comercio inclu√≠a solamente la compra y la venta de mercanc√≠as, pero no su transporte. El Presidente[5] de la Corte Suprema, John Marshall rechaz√≥ esta idea. Marshall indic√≥ que comercio inclu√≠a el transporte de mercanc√≠as, y que ‚Äúdeber√≠a haber sido contemplado‚ÄĚ por los Padres Fundadores de los Estados Unidos.[23] Marshall a√Īadi√≥ que las competencias del Congreso sobre el comercio son completas en s√≠ mismas, se pueden ejercitar en el grado de todo lo posible, y no se reconoce ninguna limitaci√≥n con excepci√≥n de lo que est√° prescrito en la Constituci√≥n.

El Presidente[5] de la Corte Suprema John Marshall hizo una amplia interpretación de la Cláusula de Comercio.

Esta interpretaci√≥n expansiva de la Cl√°usula de Comercio fue limitada a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando una actitud m√°s liberal imperaba en el Tribunal (conocida como laissez-faire). En el caso Estados Unidos contra la compa√Ī√≠a E.C. Knight[24] (1895), la Corte Suprema limit√≥ el contenido de una reciente ley (la Sherman Antitrust Act[25] ) que hab√≠a intentado dividir el poder de los monopolios que dominaban la econom√≠a de la naci√≥n. El Tribunal estableci√≥ que el Congreso no pod√≠a regular la manufacturaci√≥n de mercanc√≠as, incluso aunque concerniera a otros estados. El Magistrado Melville Fuller dict√≥: el comercio prospera para la manufacturaci√≥n, y no es una parte de √©l.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha considerado inconstitucionales nuevos programas de reparto, considerando que deformaban el significado de la cl√°usula de comercio. En el caso de La Corporaci√≥n Schechter Poultry contra los Estados Unidos,[26] (1935) el Tribunal, de forma un√°nime, declar√≥ ilegales los c√≥digos industriales que regulaban la matanza de aves de corral, declarando que el Congreso no pod√≠a regular estas materias. Como el Magistrado Charles Evans Hughes estableci√≥, en cuanto a las aves de corral (‚Ķ) el flujo del comercio de un estado a otro ha cesado. El control judicial sobre los poderes de la cl√°usula de comercio del Congreso continu√≥ durante los a√Īos 1930.

En 1937 la Corte Suprema rechaz√≥ la doctrina de laissez-faire, decidiendo un caso hist√≥rico, el del Consejo Nacional de Relaciones Laborales contra la Compa√Ī√≠a del Acero Jones y Laughlin.[27] La legislaci√≥n en cuesti√≥n, el Decreto Nacional de Relaciones Laborales, evitaba que los empleadores llevaran a cabo "pr√°cticas de trabajo injusto", como despedir a trabajadores por pertenecer a sindicatos. El Tribunal dict√≥ para que se mantuviera el contenido del decreto. El Tribunal, volviendo a las teor√≠as propuestas por John Marshall, dict√≥ que el Congreso podr√≠a aprobar aquellas leyes que regularan acciones que concernieran directamente al comercio interestatal. Otras decisiones ampliaron los poderes del Congreso siguiendo la cl√°usula de comercio. Este cambio en la forma de actuar del Tribunal fue causado por un proyecto del Presidente Franklin D. Roosevelt, puesto que se consider√≥ que amenazaba la independencia del Tribunal. En los a√Īos 1990, sin embargo, el Tribunal actu√≥ para frenar el ejercicio de poder del Congreso de regular el comercio. El Congreso aprob√≥ decretos que penaban delitos sobre aquellos sujetos que se opusieran a que otros participaran del comercio entre estados. En el caso Estados Unidos contra L√≥pez (1995),[28] el Tribunal sentenci√≥ que el Congreso no pod√≠a ejercitar el "poder policial", que est√° reservado a los estados.

Otros poderes del Congreso

El Congreso puede establecer leyes uniformes referentes a la naturalizaci√≥n y a la bancarrota. Puede tambi√©n acu√Īar moneda, regular el valor de la moneda americana o extranjera y castigar a falsificadores. Puede tambi√©n fijar los est√°ndares de pesos y medidas. Adem√°s, el Congreso puede establecer oficinas de correos y v√≠as de comunicaci√≥n de correos (estas v√≠as de comunicaci√≥n, sin embargo, no necesitan estar exclusivamente para el transporte del correo). El Congreso puede promover el progreso de la ciencia y de los artes √ļtiles concediendo los copyright y patentes. Aunque se proh√≠be el copyright y las patentes a t√≠tulo perpetuo, la Corte Suprema resolvi√≥, en el caso Eldred contra Ashcroft[29] (2003), que repetidas prolongaciones al plazo dado por el copyright no constituyen un "copyright perpetuo"; n√≥tese tambi√©n que √©ste es el √ļnico poder concedido donde los medios para lograr el prop√≥sito indicado se proporcionan espec√≠ficamente.

Los tribunales inferiores a la Corte Suprema se establecen por el Congreso.

La Octava Cl√°usula de la Octava Secci√≥n del Art√≠culo Primero es el √ļnico caso en todo el conjunto del texto constitucional en el que la palabra "derecho", en su forma original en ingl√©s (right) se utiliza.[30]

El Congreso tiene varios poderes relativos a la guerra y las fuerzas armadas. De acuerdo a la cl√°usula de los Poderes de la Guerra,[31] s√≥lo el Congreso puede declarar la guerra; sin embargo en varios casos, sin haberse declarado, se le ha concedido al Presidente la autoridad para unirse a conflictos militares. Se han declarado cinco guerras en la historia de los Estados Unidos: la Guerra de 1812 (declarada por Estados Unidos contra Inglaterra), la Guerra entre M√©xico y los Estados Unidos, la Guerra Hispano-Estadounidense (tambi√©n llamada Guerra de Cuba, contra Espa√Īa), la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores arguyen que las doctrinas y la legislaci√≥n legales aprobadas durante las operaciones contra Pancho Villa constituyen una sexta declaraci√≥n de guerra. El Congreso puede conceder patentes de corso y represalias; aunque tales elementos est√°n obsoletos en la actualidad. El Congreso puede establecer y apoyar las fuerzas armadas, pero no se puede llevar a cabo ninguna asignaci√≥n para el apoyo del ej√©rcito que dure un t√©rmino de m√°s de dos a√Īos. Esta disposici√≥n fue introducida porque los Padres Fundadores de los Estados Unidos[23] temieron el establecimiento de un ej√©rcito permanente durante el tiempo de paz. La disposici√≥n es discutible, sin embargo, puesto que actualmente las asignaciones para cualquier fin se hacen anualmente. El Congreso puede regular o llamar en adelante a las milicias del estado, pero los estados conservan la autoridad para designar oficiales y al personal para la formaci√≥n militar. El Congreso tambi√©n tiene poder exclusivo para dictar normas y regulaciones que regulen el ej√©rcito de tierra y las fuerzas navales. Aunque el poder ejecutivo y el Pent√°gono se han impuesto de una forma cada vez m√°s importante en la implicaci√≥n en este proceso, la Corte Suprema ha reafirmado a menudo al Congreso como titular exclusivo en cuanto a la regulaci√≥n de estas materias (esto se refleja por ejemplo en el caso Burns contra Wilson[32] del a√Īo 1953). El Congreso utiliz√≥ este poder en dos ocasiones tras la Segunda Guerra Mundial promulgando dos estatutos: el C√≥digo Uniforme de la Justicia Militar,[33] para mejorar la calidad y la imparcialidad de las cortes marciales y de la justicia militar, y el Decreto Federal de las Demandas de Agravio,[34] que entre otros derechos ha permitido a miembros del servicio militar a demandar por da√Īos, hasta que la Corte Suprema derog√≥ esa secci√≥n del estatuto en una divisoria serie de casos, lo que se conoce como la Doctrina de Feres.

El Congreso tiene el derecho exclusivo de legislar "en cualesquiera de todos los casos" relativos a la capital de la nación, que es el Distrito de Columbia. El Congreso puede también ejercitar tal jurisdicción sobre la tierra comprada de los estados para la construcción de "fuertes" y otros edificios.

Cl√°usula necesaria y justa

Finalmente, el Congreso tiene el poder de hacer lo que sea "necesario y justo" para cumplir con sus poderes enumerados. Así, puede establecer un sistema por el que se castigue a los que violen las leyes, aunque la Constitución solamente prevea de forma explícita el castigo de aquellos que cometan falsificación o infrinjan leyes marítimas.

La cláusula necesaria y justa, sin embargo, se ha interpretado de forma muy amplia, dando de tal modo al Congreso amplias potestades en materia de legislación. El primer hito que implicaba a la cláusula fue el caso McCulloch contra Maryland[35] (1819), que implicó el establecimiento de un banco nacional. Alexander Hamilton, en abogar por la creación del banco, discutió que hubiera una relación "más o menos directa" entre el banco y "los poderes destinados a la recaudación de impuestos, de pedir subvenciones, de regular el comercio entre los estados, y de recaudar fondos para las flotas y las marinas de guerra". Thomas Jefferson contestó exponiendo que los poderes del Congreso "se pueden ejecutar todos sin que exista un banco nacional. Un banco por lo tanto no es necesario, y por lo tanto no está autorizado en este caso". El Presidente[5] de la Corte Suprema, John Marshall se mostró de acuerdo con las interpretaciones de Jefferson. Marshall escribió que una constitución que enumerara "todos" los poderes del Congreso "participaría de un prolijo texto, que incluiría un código legal y entonces apenas podría abrazarse por la mente humana". Puesto que la Constitución posiblemente no podría enumerar los "ingredientes de menor importancia" de los poderes del Congreso, Marshall "dedujo" que el Congreso tenía la autoridad para establecer un banco en "grandes líneas generales" de la seguridad social, del comercio y de otras cláusulas. De acuerdo a esta interpretación de la cláusula, el Congreso tiene amplios poderes, (poderes que se dan por entendidos) no enumerados explícitamente en la Constitución.

Novena Sección: Límites al Congreso

La siguiente sección del Artículo Primero estipula límites en los poderes del Congreso:

Secci√≥n Novena: El Congreso no podr√° prohibir antes del a√Īo mil ochocientos ocho la inmigraci√≥n o importaci√≥n de las personas que cualquiera de los Estados ahora existentes estime oportuno admitir, pero puede imponer sobre dicha importaci√≥n una contribuci√≥n o derecho que no exceda de 10 d√≥lares por cada persona.



El privilegio de habeas corpus no se suspender√°, salvo cuando la seguridad p√ļblica lo exija, en los casos de rebeli√≥n o invasi√≥n.

No se aplicarán decretos de proscripción ni leyes ex post facto.

No se impondr√° ning√ļn impuesto directo ni de capitaci√≥n, a nos ser que se establezca de forma proporcional al censo o recuento que antes se ordeno practicar.

Ning√ļn impuesto o derecho se establecer√° sobre los art√≠culos que se exporten desde cualquier Estado.

Los puertos de un Estado no gozar√°n de preferencia sobre los de ning√ļn otro, en virtud de reglamentaci√≥n mercantil o fiscal; tampoco las embarcaciones que se dirijan a un Estado o procedan de √©l estar√°n obligadas a ingresar, compensar o pagar en cualquier otro.

Ninguna cantidad podrá extraerse del tesoro si no es como consecuencia de asignaciones autorizadas por la ley, y de tiempo en tiempo deberá publicarse una declaración del estado de cuenta, ordenados los ingresos y gastos del tesoro.

Los Estados Unidos no conceder√°n ning√ļn t√≠tulo de nobleza y ninguna persona que ocupe un empleo remunerado u honor√≠fico que dependa de ellos aceptar√° ning√ļn regalo, emolumento, empleo o t√≠tulo, sea de la clase que fuere, de cualquier monarca, pr√©ncipe o Estado extranjero, sin consentimiento del Congreso.[1]

El comercio internacional de esclavos tuvo vigencia legal hasta 1808. Hasta 1808, sin embargo, la Constitución permitía que el Congreso impusiera un arancel máximo de diez dólares por cada esclavo importado en los Estados Unidos.

La Constitución determina que el privilegio del mandamiento judicial de habeas corpus no se puede suspender, excepto durante periodos de rebelión o invasión. En el caso Ex parte Milligan[36] (1866), la Corte Suprema sostuvo que este derecho no podría ser suspendido mientras los juzgados civiles estuvieran operativos.

El Congreso puede no aprobar ning√ļn ‚Äúbill of attainder‚ÄĚ o ley ‚Äúex post facto‚ÄĚ. Una ‚Äúbill of attainder‚ÄĚ es una ley en la cual se condena a una persona inmediatamente, sin que haya proceso judicial. Es decir, es un acto legislativo que comporta considerar a alguien culpable de un delito sin que exista un proceso judicial regular en el que se le sea asegurada una defensa. Una ley ‚Äúex post facto‚ÄĚ se aplica a algo que ocurri√≥ antes de que la ley fuera aprobada, o que no era ilegal cuando ocurri√≥.

La Secci√≥n Novena reitera la disposici√≥n de la Secci√≥n Segunda de que los impuestos directos se deben repartir en base a la poblaci√≥n de los estados. Adem√°s, no se puede imponer ning√ļn impuesto por exportaciones en ning√ļn estado. El Congreso no puede, ya sea por ingresos o mediante la legislaci√≥n de comercio, otorgar preferencia a los puertos de un estado sobre los de otro, ni aunque se requieran buques de un estado para pagar las obligaciones en otro. Todos los fondos pertenecientes a Hacienda no pueden ser retirados a no ser que sea de acuerdo con la ley. La pr√°ctica moderna es que el Congreso aprueba anualmente un n√ļmero de cuentas de apropiaci√≥n que autorizan el gasto del dinero p√ļblico. La Constituci√≥n establece el requisito de que una declaraci√≥n regular de tales gastos est√© publicada.

El Congreso puede no conceder ning√ļn t√≠tulo nobiliario. Ning√ļn funcionario civil puede, sin el consentimiento del Congreso, aceptar cualquier emolumento, cargo o t√≠tulo de ning√ļn gobernante o estado extranjero.

Décima Sección: Límites a los Estados

Estados miembros de los Estados Unidos de América

La √ļltima secci√≥n del primer art√≠culo esboza los l√≠mites de los poderes de los Estados federados:

Secci√≥n D√©cima: Ning√ļn Estado celebrar√° tratado, alianza o confederaci√≥n algunos; otorgar√° patentes de corso y represalias; acu√Īara moneda, emitir√° papel moneda, legalizar√° cualquier cosa que no sea la moneda de oro y plata como medio de pago de las deudas; aprobar√° decretos por los que se castigue a determinadas personas sin que preceda juicio ante los tribunales, leyes ex post facto o leyes que menoscaben las obligaciones que derivan de los contratos, ni conceder√° t√≠tulo alguno de nobleza.

Sin el consentimiento del Congreso ning√ļn Estado podr√° imponer derechos sobre los art√≠culos importados o exportados, cumplir sus leyes de inspecci√≥n, y el producto neto de todos los derechos e impuestos que establezcan los Estados sobre las importaciones y exportaciones se aplicar√° en provecho del tesoro de los Estados Unidos; y todas las leyes de que se trata estar√°n sujetas a la revisi√≥n y vigilancia del Congreso.

Sin dicho consentimiento del Congreso ning√ļn Estado podr√° establecer derechos de tonelaje, mantener tropas o nav√≠os de guerra en tiempo de paz, celebrar convenio o pacto alguno con otro Estado o con una potencia extranjera, o hacer la guerra, a menos de ser invadido realmente o de hallarse en peligro tan inminente que no admita demora.[1]

Los Estados no pueden ejercitar algunos poderes, que est√°n reservados al Gobierno Federal: los tratados internacionales, alianzas o confederaciones, patentes de corso o represalias, acu√Īar moneda o expedir cuentas de cr√©dito. Adem√°s, seg√ļn el antiguo texto constitucional, los Estados s√≥lo pueden expedir monedas de oro y plata para hacer frente al pago de deudas. Los Estados tampoco pueden aprobar ‚Äúbill of attainder‚ÄĚ, leyes ‚Äúex post facto‚ÄĚ, deteriorar la obligaci√≥n de contratos o conceder t√≠tulos nobiliarios.

La cl√°usula sobre contratos fue, en el siglo XIX, sujeto del contenido de numerosos pleitos. Fue interpretada por primera vez por la Corte Suprema en 1810, en el caso Fletcher contra Peck.[37] El caso implic√≥ el conocido como el esc√°ndalo de la tierra de Yazoo, en el cual la Asamblea legislativa del Estado de Georgia autoriz√≥ la venta de la tierra a unos especuladores, a bajo precio. Que este proceso implicaba un soborno fue tan evidente que una multitud de ciudadanos intent√≥ linchar a los miembros corruptos de la Asamblea. Despu√©s de celebrarse las elecciones, la Asamblea legislativa aprob√≥ una ley que rescindi√≥ los contratos concedidos por los miembros corruptos. Sin embargo, la validez de la anulaci√≥n de la venta fue cuestionada por la Corte Suprema. El Presidente del Tribunal, John Marshall, formul√≥ la siguiente pregunta: "¬Ņqu√© es un contrato?". A lo que √©l mismo respondi√≥: "es un acuerdo entre dos o m√°s partes". Marshall cuestion√≥ que la venta de la tierra por la Asamblea legislativa de Georgia, aunque corrupta, era un "contrato v√°lido". A√Īadi√≥ que el Estado no ten√≠a ning√ļn derecho para anular la compra de la tierra, puesto que al hacerlo se deteriorar√≠an las obligaciones del contrato.

Sin embargo, la definici√≥n de contrato propuesta por el Presidente de la Corte Suprema John Marshall no es tan simple como parece. En 1819, el Tribunal se hallaba considerando si un estatuto corporativo podr√≠a ser considerado como un contrato. El caso Administradores de la Universidad de Dartmouth contra Woodward[38] implicaba a la Universidad de Dartmouth (Dartmouth College), que hab√≠a sido establecida bajo Estatuto Real por el rey Jorge III. Debido al Estatuto se estableci√≥ una tabla de doce administradores para el gobierno corporativo de la universidad. En 1815, sin embargo, Nuevo Hampshire aprob√≥ una ley que aumentaba el n√ļmero de administradores a veintiuno, de modo que se pudiera ejercitar un control p√ļblico sobre la universidad. Marshall, y por lo tanto el Tribunal, dict√≥ que Nuevo Hampshire no pod√≠a enmendar el Estatuto, que fue establecido como un contrato, puesto que confer√≠a "derechos consolidados"[39] a los administradores.

Otro conflicto que surgi√≥ fue el caso Sturges contra Crowninshield,[40] tambi√©n bajo el periodo de Marshall. El caso implicaba una deuda que hab√≠a sido contra√≠da a principios de 1811. M√°s adelante en ese mismo a√Īo, el Estado de Nueva York aprob√≥ una ley sobre bancarrota, mediante la cual la deuda ser√≠a saldada m√°s tarde. La Corte Suprema estableci√≥ que una ley retroactiva que afectara a la ley sobre bancarrota del Estado deterioraba la obligaci√≥n de pagar la deuda, y por lo tanto violaba la Constituci√≥n. En el caso Ogden contra Saunders[41] (1827) sin embargo, el Tribunal decidi√≥ que las leyes sobre bancarrota del Estado podr√≠an aplicarse a las deudas contra√≠das despu√©s de la aprobaci√≥n de la ley. La legislaci√≥n estatal sobre estos supuestos de bancarrota y deudores, no ha sido relevante desde la adopci√≥n de una ley federal sobre bancarrota en 1898.

Hay m√°s competencias que se proh√≠ben a los Estados. √Čstos no pueden, sin el consentimiento del Congreso, establecer impuestos sobre las importaciones o exportaciones, a excepci√≥n del cumplimiento de las leyes de inspecci√≥n del Estado (que pueden ser revisadas por el Congreso). El r√©dito neto del impuesto se paga no al Estado, sino a la Hacienda federal.

En cuanto a materia militar, los Estados no pueden, sin el consentimiento del Congreso, contar con tropas o ejércitos en tiempo de paz. No pueden formar parte de alianzas ni de acuerdos con Estados extranjeros, ni unirse a guerras a menos que sean invadidos. Los Estados están autorizados, sin embargo, a organizar y armar una milicia. Esta función la cumple en la actualidad la Guardia Nacional de los Estados Unidos.

Referencias

Notas

  1. ‚ÜĎ a b c d e f g h i j k l m n √Ī o p q r s Traducci√≥n propia del original de la Constituci√≥n de los EUA. Se puede consultar el texto constitucional original en en.wikisource.org (en ingl√©s)
  2. ‚ÜĎ En el art√≠culo Nondelegation doctrine (Doctrina de la "no delegaci√≥n") en en.wikipedia.org se analiza esta doctrina, as√≠ como la aplicaci√≥n pr√°ctica del "principio inteligible" (en ingl√©s)
  3. ‚ÜĎ Para m√°s informaci√≥n sobre estos casos, v√©ase el especial sobre impeachment del diario El Mundo, a ra√≠z del proceso contra Bill Clinton.
  4. ‚ÜĎ a b Texto traducido del original de la XVII Enmienda a la Constituci√≥n de los EUA. Puede consultarse el original en en.wikisource.org (en ingl√©s)
  5. ‚ÜĎ a b c d El t√©rmino original ingl√©s es Chief Justice, algo as√≠ como "Juez Presidente" o "Juez en Jefe". En cualquier caso, es la m√°xima autoridad de la Tribunal Supremo de los Estados Unidos (organismo tambi√©n traducido como Corte Suprema, a partir del ingl√©s Supreme Court)
  6. ‚ÜĎ a b El qu√≥rum es el n√ļmero de miembros que se necesita para que una C√°mara tome ciertos acuerdos, como por ejemplo, aprobar proyectos. Es decir, es la proporci√≥n de votos favorables para que haya acuerdo.
  7. ‚ÜĎ V√©ase en la biograf√≠a de John Henry Eaton en el Directorio Biogr√°fico del Congreso de los EUA (en ingl√©s)
  8. ‚ÜĎ V√©ase en la biograf√≠a de Rush Holt en su p√°gina oficial (en ingl√©s)
  9. ‚ÜĎ El FBI registra el despacho de William Jefferson, art√≠culo del canal de noticias Rollcall
  10. ‚ÜĎ Informaci√≥n recogida en art√≠culo del New York Times
  11. ‚ÜĎ The Pocket Veto Case, 1929. V√©ase en www.law.cornell.edu (en ingl√©s)
  12. ‚ÜĎ Wright v. the United States, 1938. V√©ase en caselaw.lp.findlaw.com (en ingl√©s)
  13. ‚ÜĎ Line Item Veto Act, 1996. V√©ase frwebgate.access.gpo.gov (en ingl√©s)
  14. ‚ÜĎ Clinton v. City of New York, 1998. V√©ase en www.oyez.org (en ingl√©s)
  15. ‚ÜĎ a b V√©ase en Points of Interest en la biograf√≠a de Grover Cleveland en www.potus.com (en ingl√©s)
  16. ‚ÜĎ An√°lisis sobre los vetos de los Presidentes de los EUA en el art√≠culo La ausencia de vetos por parte de Bush har√° historia de El Independent (en castellano)
  17. ‚ÜĎ V√©ase Milicia Nacional y Guardia Nacional de los Estados Unidos
  18. ‚ÜĎ Necessary and Proper Clauses, traducci√≥n al castellano m√°s extendida [1]
  19. ‚ÜĎ United States v. Butler, 1936 El caso en www.law.cornell.edu (en ingl√©s)
  20. ‚ÜĎ Knox v. Lee, 1871 El caso en login.findlaw.com (en ingl√©s)
  21. ‚ÜĎ Perry v. United States, 1935 El caso en caselaw.lp.findlaw.com (en ingl√©s)
  22. ‚ÜĎ Gibbons v. Ogden, 1824 El caso en www.landmarkcases.org (en ingl√©s)
  23. ‚ÜĎ a b Los Padres Fundadores son aquellos que firmaron la Declaraci√≥n de Independencia de los Estados Unidos o la Constituci√≥n, o bien aquellos que participaron en la Guerra de la Independencia. Pueden consultarse sus miembros, junto con m√°s informaci√≥n, en este art√≠culo (en ingl√©s)
  24. ‚ÜĎ United States v. E. C. Knight Company, 1895 El caso en www.landmarkcases.org (en ingl√©s)
  25. ‚ÜĎ The Sherman Antitrust Act, 1890. V√©ase en www.stolaf.edu (en ingl√©s)
  26. ‚ÜĎ Schechter Poultry Corp. v. United States, 1935 El caso en en.wikipedia.org (en ingl√©s)
  27. ‚ÜĎ National Labor Relations Board v. Jones & Laughlin Steel Company, 1937
  28. ‚ÜĎ United States v. L√≥pez El caso en www.law.cornell.edu (en ingl√©s)
  29. ‚ÜĎ Eldred v. Ashcroft, 2003 El caso en en.wikipedia.org (en ingl√©s)
  30. ‚ÜĎ Novak, M., The fire of invention, the fuel of interest: On intellectual property, Washington D.C., The American Enterprise Institute Press, 1996.
  31. ‚ÜĎ Esta cl√°usula se conoce como la de los Poderes de la Guerra, o War Powers Clause
  32. ‚ÜĎ Burns v. Wilson, 346 U.S. 137, 1953 El caso en caselaw.lp.findlaw.com (en ingl√©s)
  33. ‚ÜĎ The Uniform Code of Military Justice. V√©ase en en.wikipedia.org (en ingl√©s)
  34. ‚ÜĎ The Federal Tort Claims Act. V√©ase en www.lectlaw.com (en ingl√©s)
  35. ‚ÜĎ McCulloch v. Maryland, 1819 El caso en usinfo.state.gov (en ingl√©s)
  36. ‚ÜĎ Ex parte Milligan, 1866. V√©ase el caso en usinfo.state.gov (en igl√©s)
  37. ‚ÜĎ Fletcher v. Peck, 1810 El caso en www.oyez.org (en ingl√©s)
  38. ‚ÜĎ Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 1819 El caso en www2.volstate.edu (en ingl√©s)
  39. ‚ÜĎ El t√©rmino original es vested rights, que mayoritariamente se traduce de esta forma. V√©ase en ec.europa.eu
  40. ‚ÜĎ Sturges v. Crowninshield, 1811 El caso en www.michaelariens.com (en ingl√©s)
  41. ‚ÜĎ Ogden v. Saunders, 1827 El caso en en.wikipedia.org (en ingl√©s)

Véase también

Enlaces externos

Wikisource

Obtenido de "Art%C3%ADculo I de la Constituci%C3%B3n de los Estados Unidos de Am%C3%A9rica"

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