Tribunal Constitucional de Espa√Īa

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Tribunal Constitucional de Espa√Īa
Tribunal Constitucional
Tipo Tribunal Constitucional
Sede Palacio del Tribunal Constitucional (Madrid)
Presidente Pascual Sala S√°nchez
Vicepresidente Eugeni Gay Montalvo
P√°gina web: www.tribunalconstitucional.es
Para el tribunal constitucional de la Segunda Rep√ļblica, v√©ase Tribunal de Garant√≠as Constitucionales de Espa√Īa.
Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

El Tribunal Constitucional de Espa√Īa o TC es el √≥rgano constitucional que ejerce la funci√≥n de supremo int√©rprete de la Constituci√≥n Espa√Īola de 1978.

Está regulado en el Título IX de la Constitución (artículos 159 a 165), así como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

El Tribunal Constitucional, como int√©rprete supremo de la Constituci√≥n, es independiente de los dem√°s √≥rganos constitucionales y est√° sometido s√≥lo a la Constituci√≥n y a su Ley Org√°nica. Adem√°s, es √ļnico en su orden y extiende su jurisdicci√≥n a todo el territorio espa√Īol (art. 1 LOTC).

Corresponde al Tribunal Constitucional la √ļltima interpretaci√≥n de los preceptos constitucionales se√Īalando la extensi√≥n y l√≠mites de los valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo pol√≠tico.

Contenido

Composición

V√©ase tambi√©n: Anexo:Magistrados del Tribunal Constitucional de Espa√Īa

El Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta:

  1. De las Cámaras que integran las Cortes Generales. Son cuatro por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado, por mayoría de 3/5 de los miembros de cada Cámara. Los nombrados por el Senado provienen necesariamente de candidatos propuestos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas;
  2. Del Gobierno. Son dos;
  3. Del Consejo General del Poder Judicial. Son dos, por mayoría de 3/5 de sus miembros (art. 107.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La designaci√≥n para este cargo se hace por nueve a√Īos, debiendo recaer en ciudadanos espa√Īoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios p√ļblicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con m√°s de quince a√Īos de ejercicio profesional. Los Magistrados se renuevan por terceras partes cada tres a√Īos (Ley Org√°nica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, cap√≠tulo II, art√≠culo 16.3).

La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible:

  1. Con todo mandato representativo;
  2. Con los cargos políticos o administrativos;
  3. Con el desempe√Īo de funciones directivas en un partido pol√≠tico o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos;
  4. Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal;
  5. Con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo dem√°s, los miembros del Tribunal Constitucional tendr√°n las incompatibilidades propias de los miembros del Poder judicial (arts. 389 a 397 de la Ley Org√°nica del Poder Judicial).

En general, sólo es posible para los Magistrados del Tribunal Constitucional la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquélla.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato (art. 159 de la Constitución).

Competencias

El Tribunal Constitucional es competente para conocer (art. 2.1 LOTC):

  1. Del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (ej. Decretos-leyes y decretos legislativos). El recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados del Congreso, 50 Senadores, los Gobiernos autonómicos y los Parlamentos autonómicos;
  2. Del recurso de amparo por violaci√≥n de los derechos fundamentales y de las libertades p√ļblicas relacionados en el art. 53.2 de la Constituci√≥n, es decir, por violaci√≥n de las libertades y derechos reconocidos en los arts. 14 a 29 de la Constituci√≥n, ambos inclusive, y la objeci√≥n de conciencia al servicio militar, prevista en el art. 30. Lo puede interponer cualquier persona f√≠sica o jur√≠dica que invoque un inter√©s leg√≠timo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal;
  3. De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí;
  4. De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado;
  5. De la declaración previa sobre la constitucionalidad de los Tratados internacionales;
  6. De las impugnaciones previstas en el art√≠culo 161.2 de la Constituci√≥n. Seg√ļn este art√≠culo, el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los √≥rganos de las Comunidades Aut√≥nomas. La impugnaci√≥n producir√° la suspensi√≥n de la disposici√≥n o resoluci√≥n recurrida, pero el Tribunal Constitucional, en su caso, deber√° ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses;
  7. De los conflictos en defensa de la autonomía local;
  8. De la verificaci√≥n de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos re√ļnen los requisitos requeridos por la Constituci√≥n y la presente Ley;
  9. De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes Orgánicas.

Del recurso de ilegalidad de los reglamentos es competente la jurisdicci√≥n contencioso-administrativa y no el Tribunal Constitucional, ya que, al ser normas jur√≠dicas emanadas del Gobierno a trav√©s de su potestad reglamentaria (arts. 97 de la Constituci√≥n y 23 de la Ley del Gobierno) que no tienen fuerza de ley, no cabe recurso de inconstitucionalidad. El tribunal con competencia √ļltima en esa materia ser√≠a el Tribunal Supremo.

Los Tratados internacionales, sin embargo, s√≠ cabe recurrirlos por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, dado que la Constituci√≥n espa√Īola les otorga fuerza de Ley (art. 96 de la Constituci√≥n).

El Tribunal Constitucional puede dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios, dentro del ámbito de su Ley Orgánica reguladora. Estos reglamentos, que deberán ser aprobados por el Tribunal en Pleno, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su Presidente (art. 2.2 LOTC).

Relación entre Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo

Aunque en ocasiones pudiera parecer que el Tribunal Constitucional es de mayor rango que el Tribunal Supremo, esto no es as√≠. Su relaci√≥n no es jer√°rquica sino competencial. No obstante, en la pr√°ctica s√≠ que se puede considerar que existe subordinaci√≥n del Tribunal Supremo al Constitucional en el aspecto en que este √ļltimo puede anular las resoluciones del primero, cosa que no puede suceder al rev√©s. Un ejemplo entre otros lo tenemos en la famosa sentencia del caso Urbanor, en la que el Tribunal Constitucional anul√≥ el 19 de febrero de 2008 la sentencia del Tribunal Supremo sobre el mismo caso.[1]

El Tribunal Supremo es el de más alto rango dentro del Poder Judicial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional se encuentra fuera de esa jerarquía y forma una categoría propia, con reconocimiento diferenciado en la Constitución. Su obligación es velar por el cumplimiento de la Constitución y para ello tiene potestad para declarar nulas las leyes inconstitucionales y para defender al ciudadano de violaciones de sus derechos fundamentales (recurso de amparo).

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad (art. 164 de la Constitución).

En la actualidad, en Espa√Īa, se encuentra abierta una intensa pol√©mica entre civilistas y constitucionalistas al respecto de la inclusi√≥n de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la categor√≠a de las fuentes del Derecho. A favor de dicha inclusi√≥n se aduce que sus resoluciones crean verdaderas normas, a√ļn en defecto de regulaci√≥n estatal (p.ej. lo sucedido con el Servicio Militar Obligatorio y la objeci√≥n de conciencia). De hecho, es un legislador negativo ya que puede excluir leyes y reglamentos del ordenamiento jur√≠dico por considerarlos contrarios a la Constituci√≥n. El Tribunal Constitucional tambi√©n puede innovar el Derecho a trav√©s de lo que se conoce como ¬ęSentencias interpretativas¬Ľ, que indican el sentido preciso que debe tener la interpretaci√≥n de una determinada norma para no ser contraria a la Constituci√≥n.

Véase también

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Mira otros diccionarios:

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