Ley de Asociaciones Políticas

Para otros usos de este término, véase derecho de asociación.

Ley de Asociaciones Políticas, Estatuto de Asociaciones Políticas y Derecho de Asociación Política, fueron los nombres que recibieron durante la transición española los distintos intentos de aperturismo durante el franquismo final y las fases de la transición española anteriores a la convocatoria de las elecciones de 15 de junio de 1977.

Se pretendía evitar el nombre de partidos políticos, que inequívocamente reflejaría la pretensión de crear un sistema multipartidista que superara el unipartidismo del Movimiento Nacional franquista, mecanismo totalitario de inspiración fascista que pretendía englobar la totalidad de las expresiones de la vida pública e incluso privada, y que desde el Decreto de Unificación de 1937 sólo permitía la existencia de un partido político que englobaba a todos los que apoyaron el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, al que ni siquiera era aceptado designar con la palabra "partido".

La expresión elegida para el nuevo mecanismo de participación, "asociaciones políticas", era lo suficientemente ambigua como para permitir todo tipo de interpretaciones.

Contenido

Asociaciones y Movimiento

Aunque la Ley Orgánica del Estado de 1966 se podía interpretar como una apertura de posibilidades en ese sentido (de una forma críptica preveía encauzar dentro de los Principios del Movimiento el contraste de pareceres sobre la acción política como una de las atribuciones del Consejo Nacional del Movimiento),[1] no se emprendió ninguna iniciativa en los años siguientes que permitiera concretarlas.

La actividad política partidista durante el franquismo discurría por cauces informales, expresándose en las denominadas familias del franquismo entre las que el propio Franco distribuía alternativamente parcelas de poder (azules o falangistas, católicos -la mayoría de los procedentes de la CEDA, los propagandistas de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y a partir de los años 50 los tecnócratas vinculados al Opus Dei-, monárquicos -unos juanistas, otros carlistas o requetés y finalmente otros juancarlistas- y militares -presentes en todas las familias-). Disponían incluso de medios de comunicación afines (diario Arriba, diario Ya, diario ABC, diario El Alcázar, diario Pueblo) y a pesar de la común coincidencia en lo conveniente del mantenimiento del régimen, sus discrepancias y puntuales enfrentamientos eran notorios (generando algunos sonoros escándalos), pero obviamente ni tenían mecanismos de competencia electoral ni estaban abiertas a la oposición (a excepción de algunos grupos marginados: los intelectuales del llamado falangismo liberal, los esporádicos y contradictorios contactos de Juan de Borbón, o algunas figuras bien integradas social y políticamente que acudieron al llamado contubernio de Múnich, y que alcanzaron más protagonismo por su represión que por la entidad real de su actividad opositora). Tales eran los límites de la denominada democracia orgánica.

Gobierno Arias

Inicialmente, fue el último presidente del gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, el que declaró su intención de impulsar las asociaciones políticas en su discurso denominado espíritu del 12 de febrero de 1974. A pesar de la rectificación posterior, consecuencia la oposición radical del denominado búnker (los partidarios de mantener intacto el sistema político franquista, que se expresó en un artículo de José Antonio Girón de Velasco -el gironazo, 28 de abril de 1974, diario Arriba-),[2] y de la coyuntura revolucionaria que se estaba viviendo simultáneamente en Portugal (revolución del 25 de abril o de los claveles), se promulgó el decreto-ley 7/1974 de 21 de diciembre, de Estatuto de Asociaciones Políticas (Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política), muy restrictivo.[3]

Gobierno Suárez

Posteriormente, el gobierno de Adolfo Suárez (segundo de la monarquía de Juan Carlos I), propició la Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el Derecho de Asociación Política,[4] y un Registro de Asociaciones Políticas, que para el 2 de octubre publicitó haber recibido 22 solicitudes, de las que se habían aceptado 10 (con nombres que evocaban todo el espectro político: Frente Nacional Español -Falange Española de las JONS-, Unión Nacional Española, Asociación Laborista -Partido Laborista-, Defensa Agraria Social -Partido Agrario Español-, Unión del Pueblo Español, Partido Popular -no confundir con Alianza Popular, coalición inscrita el 9 de octubre-[5] Frente Institucional -Partido Social Regionalista-, Nueva Izquierda Nacional, Partido Socialista Demócrata Español) y 9 se encontraban pendientes o en tramitación (entre las que había de extrema derecha -Fuerza Nueva, de Blas Piñar-, de derecha o centro -Partido de Acción Nacional, Unión Demócrata Cristiana- y de izquierda -las distintas facciones del PSOE-). Las tres solicitudes que incorporaban el nombre de Falange se rechazaron por existir ya un partido con ese nombre, como preveía la ley (el inscrito por Raimundo Fernández Cuesta). No había presencia ni del Partido Comunista de España ni de partidos de extrema izquierda o nacionalistas periféricos (sí uno denominado Unión Catalana).[6]

De asociaciones a partidos políticos

Tras el referéndum que aprobó la Ley para la Reforma Política (6 de diciembre de 1976) el sistema de inscripción de partidos se flexibilizó notablemente mediante el decreto-ley de 8 de febrero de 1977 (sobre el derecho de asociación política),[7] que permitió la inscripción de un alto número de partidos (más de cien), incluido el PCE, cuya legalización (en la semana santa -9 de abril-) fue uno de los momentos clave de la transición.[8]

El sistema de partidos posterior

El sistema de partidos en España quedó establecido principalmente con la ley electoral previa a las elecciones del 77, que en lo esencial continúa en vigor, y que impuso un sistema electoral que ha generado el denominado bipartidismo imperfecto (infrarrepresentación de los pequeños partidos nacionales y sobrerrepresentación de dos grandes partidos nacionales y de los partidos de implantación regional). El sistema electoral se basa en la provincia como circunscripción electoral (su desigual tamaño causa desproporción en la representación), el reparto de escaños para el Congreso según la ley d'Hont (la mayor proporcionalidad posible, pero que sólo puede tener ese efecto en las provincias de gran población) y las listas cerradas y bloqueadas (que dan poder decisorio a la estructura de cada uno de los grandes partidos sobre quiénes saldrán elegidos).[9]

La ley de 4 de diciembre de 1978 de partidos políticos (dos días anterior al referéndum constitucional)[10] se mantuvo en vigor hasta 2002, cuando se promulgó la llamada Ley de Partidos, cuyas modificaciones tenían como finalidad explícita facilitar la ilegalización de los partidos que apoyen al terrorismo (la denominada izquierda abertzale).

Véase también

Notas

  1. Artículo 21-e. Gallego, op. cit., pg. 413.
  2. José Carlos Clemente, Historias de la transición: el fin del apagón, 1973-1981, Fundamentos, 1994, ISBN 8424506642, pg. 32
  3. BOE de 23 de diciembre
  4. BOE de 16 de junio
  5. El Partido Popular actual es llamado así desde 1989. El de 1976 fue registrado por Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, sus dirigentes eran José María de Areilza y Pío Cabanillas, y posteriormente fue el germen de UCD. Los grupos que en octubre de 1976 formaron Alianza Popular (origen del "Partido Popular" de 1989) fueron Reforma Democrática, Unión del Pueblo Español, Acción Democrática Española, Democracia Social, Acción Regional, Unión Social Popular y Unión Nacional Española; y sus líderes respectivos eran los llamados siete magníficos: Manuel Fraga, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Laureano López Rodó, Enrique Thomas de Carranza y Gonzalo Fernández de la Mora. Otros líderes de AP eran Javier Carvajal, Salvador Serrats, José María Velo de Antelo y Ramón Hermosilla (artículo en Ya). Otras asociaciones que se coaligaron en UCD, en mayo de 1977, en torno a Adolfo Suárez, que había exigido la retirada personal de Areilza para entrar en el proyecto (y con él, el decisivo apoyo gubernamental) fueron el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Fernando Álvarez de Miranda, el Partido Socialdemócrata Independiente (PSI) de Gonzalo Casado, el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA) de Manuel Clavero, el Partido Socialdemócrata de España de Francisco Fernández Ordóñez, el Partido Progresista Liberal (PPL) de Juan García Madariaga, la Federación de Partidos Demócratas y Liberales (FPDL) de Joaquín Garrigues Walker, el Partido Liberal de Enrique Larroque, la Federación Social Demócrata (FSD) de José Ramón Lasuén Sancho, el Partido Gallego Independiente (PGI) de José Luis Meilán, la Unión Canaria (UC) de Lorenzo Olarte, la Unión Social Demócrata Española (USDE) de Eurico de la Peña, la Unión Demócrata de Murcia (UDM) de Antonio Pérez Crespo, la Acción Regional Extremeña (AREX) de Enrique Sánchez de León, el Partido Demócrata Popular (PDP) de Ignacio Camuñas Solís y el Partido Social Demócrata Foral de Jaime Ignacio del Burgo (durante la breve vida de UCD, hasta 1982, se fueron perfilando reagrupaciones en las llamadas familias democristiana, liberal y socialdemócrata; otros eran grupos regionalistas), en algunos casos considerando distintas opciones de salida de UCD hacia la izquierda o la derecha (Manuel Cantarero, Eurico de la Peña y Femando Suárez se integran en la ACL, noticia en El País). Hubo otras asociaciones del entorno exfranquista-aperturista o de la oposición moderada que no confluyeron en AP ni en UCD, y tuvieron distintas vicisitudes, como la Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales -ANEPA- (artículo en El País) y la Federación de la Democracia Cristiana de Joaquín Ruiz Jiménez (Izquierda Democrática) y José María Gil-Robles (Federación Popular Democrática), anteriormente vinculada en la oposición al franquismo con el PNV y Unió Democrática de Catalunya (Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español) y que en las elecciones del 77 tuvo un sonoro fracaso en el Congreso (ningún diputado) y alguna representación en el Senado (tres escaños), gracias a que se agrupó en candidaturas conjuntas (Senadores por la Democracia) junto con el PSOE y la Alianza Liberal de Joaquín Satrústegui.
  6. Artículo en la Vanguardia, que reproduce una nota de prensa del ministerio del Interior, con la lista de las asociaciones.
  7. BOE de 10 de febrero
  8. José Andrés Gallego, La época de Franco, Rialp, ISBN 8432123595, pg. 503. Lista de partidos, clasificados por ideologías según un artículo del diario Ya de 14 de mayo de 1977, en pg. 504; a esa fecha había otros 103 partidos también legalizados, 40 en trámite de legalización y 27 remitidos al Tribunal Supremo (pg. 506).
  9. Gabriel Cisneros, La Constitución española de 1978: 20 años de democracia, Congreso de los Diputados, 1998, ISBN 8425910781, pg. 219.
  10. BOE del 8 de diciembre

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