Proyecto Varela

Proyecto Varela

El Proyecto Varela fue un proyecto ideado y dirigido por opositores a la Revolución Cubana en 1998. Es dirigido por Oswaldo Payá y nombrado en honor a Félix Varela, un líder religioso cubano. El movimiento logró cierta repercusión internacional entre 2002 y 2003.

Contenido

La iniciativa ciudadana del Proyecto Varela

El propósito del Proyecto Varela era fomentar un proyecto de ley que abogaba por reformas políticas en la isla a favor de mayores libertades individuales.

El proyecto Varela se basa en el artículo 88 (g) de la constitución cubana del 1976, que permite que los ciudadanos propongan leyes si 10.000 electores registrados presentan sus firmas a favor de la propuesta. La organización reportó haber conseguido 11.200 firmas, más del número requerido para ser considerado por la Asamblea Nacional Cubana.

Respuesta del gobierno cubano

El Comité de la Constitución y Asuntos Legales de la Asamblea Nacional Cubana respondió a la iniciativa del Proyecto Varela con su propia iniciativa, proponiendo que la constitución cubana fuera enmendada para hacer permanente el carácter socialista del estado cubano.

La votación de esta nueva iniciativa fue aprobada por el 98,97% de aprobación electoral. Un reportero de la cadena británica BBC dijo haber observado a muchos cubanos declarar que se sintieron presionados para firmar la petición del gobierno. [1]


Declaraciones del gobierno cubano acerca del Proyecto Varela

Declaraciones del Ministro del Exterior

El Ministro Exterior de la República de Cuba, Felipe Pérez Roque, declaró el 9 de abril de 2003 que “El Proyecto 'Varela' forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba, ha sido concebido, financiado y dirigido desde el exterior, con la participación activa de la Sección de Intereses norteamericana en La Habana; forma parte del mismo esquema de subversión, no tiene el menor asidero en las leyes cubanas, es una burda manipulación de la Constitución y las leyes de Cuba…” “Se ha multiplicado el uso de la valija diplomática de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, para financiar, proveer de medios para ejercer su labor contrarrevolucionaria en Cuba a los grupos creados y financiados por el gobierno de Estados Unidos. En fin, se ha creado una situación de encrispamiento, de aumento de la labor subversiva, del irrespeto por las leyes cubanas, de franco desafío a la institucionalidad legal de Cuba, a la que toda representación diplomática debe respeto en su trabajo en nuestro país.” [2]

Declaración del Ministerio de Justicia

“En abril 3,4, 5 y 7, contra-revolucionarios detenidos recientemente por su conocida participación en actividades mercenarios y otros actos contra la independencia y la integridad territorial del estado aparecieron en los tribunales de Crímenes contra la Seguridad del Estado, ligados a las cortes municipales del país, en una audiencia pública.”

“Sus juicios se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Artículo 479 del Acto de Procedimientos Criminales, con amplio respeto por las garantías y derechos básicos de los acusados.”

“Las sentencias impuestas por la Corte conllevaban términos de seis a veintiocho años y todos los acusados fueron debidamente instruidos sobre el derecho a apelar sus sentencias ante la Corte Suprema del Pueblo.” [3]

Declaraciones del Departamento del Estado de los EEUU

De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos, “los activistas reportaron hostigamiento incrementado por agentes de seguridad estatales. Las autoridades arrestaron y detuvieron a activistas del [Proyecto] Varela, confiscaron firmas, multaron y amenazaron a activistas y firmantes, y obligaron a los firmantes a anular sus firmas. Además, miembros de la seguridad del estado fingieron ser voluntarios y paulatinamente infiltraron la organización de activistas. Durante mayo y junio, Oswaldo Payá reportó que agentes de seguridad del estado visitaron y presionaron a más de 50 firmantes del Proyecto Varela para que anularan sus firmas y denunciaran a los activistas quienes habían recogido sus firmas.” -[4]

Según el Departamento de Estado, el Código Penal cubano incluye el concepto de “peligrosidad” definido como “la tendencia de una persona a cometer crímenes, demostrado por su conducta en contradicción a las normas socialistas.” Si la policía decide que un individuo exhibe signos de “peligrosidad” pueden traer al acusado a corte o someterlo a terapia o re-educación política. De acuerdo a la [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], esta provisión es igual a un criterio subjetivo utilizado por el gobierno para justificar violaciones a la libertad personal y el proceso legal correspondiente para aquellas personas cuyos único crimen es que tienen una opinión distinta a la opinión oficial. [5]

Oswaldo Payá, adversario del gobierno cubano desde hace mucho tiempo, sigue libre, pero la opresión de las autoridades ha resultado en la encarcelación de 75 prisioneros políticos, con sentencias de 6 a 28 años, luego de ser acusados y convictos de actos “contra la independencia o la integridad territorial del Estado.” Muchos de los arrestados no tenían conocimiento de los cargos contra ellos ni acceso a abogados hasta momentos antes de su juicio de un día, presidido por un juez subordinado al Partido Comunista. El [Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] expresó preocupación con los arrestos y juicios ligeros, como lo hicieron muchos gobiernos, organizaciones internacionales y el público. [6]

Amnistía Internacional

Amnistía declaró que los 75 activistas encarcelados eran “prisioneros de consciencia,” sus métodos eran no violentos, y su filosofía democrática. [7]

Reacción de observadores internacionales

El Proyecto Varela fue alabado por observadores desde fuera como el ex presidente de los EEUU Jimmy Carter, en un discurso en mayo del 2002 en la Habana, Cuba, y el Parlamento Europeo, que otorgó a Payá el Premio Sájarov por la Libertad de Pensamiento.

Reportes de persecución de los arrestados en marzo de 2003

En marzo del 2003, Cuba arrestó a 75 activistas de derechos humanos, incluyendo a 25 miembros del Proyecto Varela, con una variedad de acusaciones; todos fueron sentenciados a prisión dentro de veinte días después de sus arrestos [8].

José Daniel Garcia Ferrer, un líder del proyecto Varela y otro de los 75 activistas arrestados en marzo del 2003, reportó haber pasado 45 días en una celda de castigo sin luz ni agua disponible por protestar la suspensión de correspondencia y la entrega de comida y equipo médico de su familia. No recibió ni comida ni agua durante sus primeros 3 días en la carcel, y durmió en un piso de cemento. Las autoridades confiscaron su [Biblia] y le prohibieron contacto con los otros prisioneros. Ferrer cumple una sentencia de 25 años por “acciones contra la independencia o la integridad territorial del Estado.”. [9]

Fabio Prieto Llorente, uno de los 75 activistas arrestados en marzo del 2003, reportó que fue detenido en una celda con paredes que goteaban y un bloque de cemento como cama. La celda estaba infectada con sapos, ratas e insectos. Prieto cumple una sentencia de 20 años por “acciones contra la independencia o la integridad territorial del Estado.” [10]

Yarai Reyes, esposa de Normando Hernandez Gonzalez, otro de los 75 prisioneros políticos arrestados en marzo del 2003, reportó que las autoridades de la prisión incitaron a otros prisioneros comunes a golpear a su marido. Hernandez cumple una condena de 25 años por “acciones contra la independencia o la integridad territorial del Estado.” [11]

Barbara Rojo Arias, esposa de Omar Ruiz Hernandez, un periodista independiente y otro de los 75 activistas de derechos humanos arrestados en marzo 2003, reportó que le negaron acceso a su esposo a medicamentos para sus condiciones del corazón y el estómago. Ruiz cumple una sentencia de 18 años por “acciones contra la independencia o la integridad territorial del Estado.” [12]

Oscar Espinosa Chepe, un prisionero político del Proyecto Varela puesto en libertad en el 2004, reportó que oficiales de la prisión le negaron regularmente atención médica adecuada durante su encarcelación de 20 meses. [13]

Dr. Oscar Elias Biscet, fundador del Lawton Center y defensor de la filosofía no-violenta del Dr. [Martin Luther King, Jr.], tuvo que vivir de dádivas de los otros prisioneros porque la prisión no permitió que su esposa le trajera la ración de comida y medicina que se les permite a otros prisioneros. Como resultado, perdió 27 kilos y está en delicado estado de salud. [14]

Obtenido de "Proyecto Varela"

Wikimedia foundation. 2010.

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